El Tribunal Económico Administrativo Central (Teac), en una resolución del 10 de septiembre de 2015, apunta a que los profesionales (autónomos) que declaran por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que comparten vivienda habitual y centro de actividad tendrían derecho a deducirse los gastos de electricidad, agua, comunidad de vecinos, IBI e incluso las amortizaciones.

 

El Teac apunta que para el cálculo del rendimiento neto de una actividad económica en régimen de estimación directa, en el caso de utilización de un inmueble parcialmente como vivienda habitual y parcialmente para el ejercicio de la actividad, debe diferenciarse entre los gastos derivados de la titularidad de la vivienda y los gastos correspondientes a los suministros del inmueble.

Con esta resolución el Teac discrepa del criterio seguido por la Agencia Tributaria que únicamente admite esa posibilidad si los suministros se utilizan exclusivamente para el desarrollo de la actividad económica.

El punto de los gastos deducibles de una autónomo siempre han sido un puno de fricción con la Administración. El criterio de la Agencia Tributaria, que se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones en varias consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, apunta a que los autónomos podrán decur los gastos derivados de la titularidad de la vivienda (hipoteca, IBI, tasas de basuras, cuota de comunidad de propietarios …). La deducción debe ser proporcional al espacio de la vivienda que se emplea para el desarrollo de la actividad económica.

No obstante, la Agencia Tributaria no acepta que este prorrateo sea aplicable a los gastos de suministro de la vivienda (agua, luz, gas…), que sólo se pueden desgravar si el consumo está vinculado a una actividad económica exclusivamente. Con este criterio los autónomos lo tienen complicado para desgravar los gastos.

Argumento de referencia

La resolución del Teac aporta una nueva línea argumental a los autónomos para defender la deducibilidad de los gastos corrientes en la vivienda cuando se utiliza para el ejercicio de la actividad. La posición de Hacienda ya había sido rechazada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por una resolución del Tribunal-Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana.

¿Qué criterio será el que termine imponiéndose? Esa es la pregunta del millón.