Con la crisis de los refugiados como telón de fondo, los anuncios o expectativas de mayores controles en las fronteras de los países de la Unión Europea se suceden. Una tesitura que pone el acuerdo de Schengen en entredicho y nos hace plantearnos que implicaciones económicas puede tener para el devenir económico de la Unión Europea una hipotética y poco probable suspensión del acuerdo (más allá del drama humano que hay tras la crisis de los refugiados).

 ¿Qué es el acuerdo Schengen?

El Acuerdo de Schengen es uno de los hitos más importantes en la historia de la Unión Europea. Llevado a la práctica en el año 1995, permite la libre circulación de personas entre los miembros de la Unión Europea. En la práctica supone la eliminación de controles fronterizos y una política homogénea en materia de visados y derechos de asilo.

Los pilares del Acuerdo de Schengen son una mayor cooperación internacional, el impulso del comercio y la búsqueda de soluciones de consenso para posibles disputas en las fronteras. Uno de los pilares, el impulso del comercio, viene determinado por la velocidad en la que los bienes y los servicios pueden atravesar las fronteras “intra-Schengen. Esta velocidad hace que dichos productos y/o servicios sean más competitivos que aquellos procedentes de países que no suscribieron el acuerdo de Schengen.

El acuerdo Schengen contribuye notablemente a que la Unión Europea sea el mayor área económica del mundo. Las horas invertidas en los controles fronterizos son una pérdida de tiempo (y el tiempo es oro) para el transporte de bienes/servicios o personas.

Pero… ¿y si se reestablecen los controles fronterizos?

En caso de que los controles fronterizos fuesen restablecidos tendríamos una consecuencia directa en el flujo de mercancías en la Zona Schengen. Las empresas invertirían más tiempo y dinero en el envío de mercancías, lo que redundaría en un mayor coste logístico y una reducción de la eficiencia que terminaría repercutiendo en el coste final de los bienes y/o servicios.

Si además consideramos que en la Unión Europea dos tercios de la actividad económica implica interacciones con otros estados miembros de la Unión, una medida de este tipo terminaría siendo más cara de lo que puede parecer.