En los cuatro años de vigencia del Código de Buenas Prácticas (CBP), un total de 31.536 familias se han acogido a él para aliviar su deuda hipotecaria. De ellas, 24.902 han obtenido una reestructuración de su deuda y 6.031 han finalizado con la dación en pago. En el conjunto de 2015, las familias beneficiadas por el CBP ascienden a 14.441, un 14,8% más que el año anterior, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP.

 

Además, se ha prorrogado el Fondo Social de Viviendas (FSV) por un año más, hasta el 17 de enero de 2017. Se trata de la segunda prórroga de este fondo, creado en enero de 2013 y con una dotación de 9.866 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar).

El CBP y el FSV,  junto a la suspensión de lanzamientos, forman parte del paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios. Un total de 55.195 familias se han beneficiado de estas medidas  destinadas a los colectivos en riesgo de exclusión social  en los últimos cuatro años. De esta cifra, 31.536 familias han podido acogerse al  CBP, el FSV ha permitido la celebración de 6.108 contratos de alquiler a precios reducidos y se han suspendido 17.551 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria.

Según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control sobre el cumplimiento del CBP, la utilización durante el pasado año de estos instrumentos de alivio de la carga hipotecaria ha sido elevada. En 2015 hubo 26.336 solicitudes para acogerse al código (un 14,5% más que en 2014), de las que 12.252 acabaron con una reestructuración de la deuda (un 26% más) y en 2.188 casos se acordó una dación en pago (un 22,6% menos). Las Comunidades Autónomas en las que más solicitudes se reciben siguen siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Por ciudades, en Barcelona y Sevilla se siguen registrando el mayor número de solicitudes, seguida en esta ocasión por Madrid.

En datos semestrales, en el periodo analizado en el informe, de julio a diciembre de 2015, se recibieron un total de 12.900 solicitudes de refinanciación, 536 menos que un año antes. De ellas, se realizaron 7.299 operaciones: en 6.282 casos se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente y en 1.017  se acordó la dación en pago.

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