Maduro podrá restringir las libertades, suspender leyes, dictar cuantas medidas considere necesarias, expropiar bienes y aprobar gastos al margen de los Presupuestos. Nicolás Maduro ha decretado el estado de emergencia económica durante 60 días, lo que le permitirá restringir los derechos y libertades de los venezolanos, suspender las leyes en vigor así como dictar todas aquellas medidas que considere pertinentes al margen de los órganos competentes.

 

Según el capítulo II de la ley orgánica de los estados de excepción en Venezuela, “el estado de emergencia económica podrá decretarse cuando se susciten circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación”, pudiéndose “disponer de las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la extensión de sus efectos”.

Limitación de derechos y libertades

La propia ley orgánica establece una serie de disposiciones comunes a todos los estados de excepción que facultan al Gobierno a “dictar medidas de orden social, económico, político o ecológico cuando resulten insuficientes las facultades de las cuales disponen ordinariamente los órganos del Poder Público para hacer frente a tales hechos”.

Asimismo, la ley establece que, una vez decretado el estado de excepción, “toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, con la correspondiente indemnización de ser el caso”, estableciendo sanciones para el que no coopere en arreglo a esta ley.

Por otro lado, también “se podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción”.

Suspensión de leyes y aumento del gasto al margen de los Presupuestos

Además, una vez decretado el estado de excepción, Nicolás Maduro podrá suspender temporalmente los artículos y leyes “incompatibles con las medidas dictadas en el decreto” de estado de emergencia económica.

También estará facultado para contraer gastos “con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidos en la Ley de Presupuesto y cualquier otra medida que se considere necesaria para regresar a la normalidad, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley orgánica de estados de excepción”.

Movilización del ejército y expropiación de bienes

El Gobierno venezolano tendrá también ahora en su mano la facultad para “requisar los bienes muebles e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizados para restablecer la normalidad”.

Según la Ley, una vez finalizado el estado de excepción los bienes requisados deberán ser devueltos a sus propietarios. En caso de no ser posible, el Estado debe pagar el valor total de los bienes.

Asimismo, el Presidente de la República en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, podrá ordenar la movilización de cualquier componente o de toda la Fuerza Armada Nacional. La movilización se regirá por las disposiciones que sobre ella establece la ley respectiva”.

La oposición, en contra

El diputado Simón Calzadilla ya ha advertido que la oposición no apoyará “ninguna medida aislada” para hacer frente a la crisis económica, por lo que no parece probable que la medida salga adelante.

“Nosotros no vamos a secundar ninguna medida aislada, este Gobierno tuvo los más altos ingresos y este país no puede hacer el sacrificio si no hay un cambio total”, ha advertido el segundo vicepresidente, en una entrevista ofrecida al canal Globovisión.

Asimismo, los opositores han recordado al Gobierno venezolano que el decreto de estado de excepción, en todo caso, deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, donde los partidos que conforman la oposición a Maduro ahora disponen de mayoría absoluta.